La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra sostuvo que la detención preventiva dictada contra el alcalde Jhonny Fernández no constituye una sanción ni una causal legal de suspensión del mandato otorgado por voto popular.

La autoridad fue enviada por 100 días al penal de Palmasola en el marco del denominado caso “pavimento”, donde se investigan presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo municipal afirmó que su posición se basa en el principio de legalidad y el respeto al mandato democrático, subrayando que el alcalde ejerce funciones conferidas por la ciudadanía conforme a la Constitución Política del Estado.

El documento remarca que cualquier restricción al ejercicio del cargo debe estar expresamente establecida por ley y ser interpretada de manera restrictiva.

Según el pronunciamiento, la detención preventiva es una medida cautelar y no implica destitución, suspensión ni pérdida de derechos políticos, por lo que no genera inhabilitación automática.

En ese sentido, se cita la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, señalando que la suplencia temporal procede en casos de ausencia o impedimento, pero que la norma no establece la detención preventiva como causal automática.

El comunicado también enfatiza que la institucionalidad municipal continúa funcionando con normalidad, recordando que el Órgano Ejecutivo no es una estructura unipersonal, sino un sistema conformado por secretarías y equipos técnicos que garantizan la continuidad operativa, administrativa y financiera.

Finalmente, la Alcaldía sostuvo que su postura no responde a la defensa de una persona en particular, sino al respeto del principio democrático y del marco legal vigente, reiterando que la detención preventiva no constituye una causal expresa de suspensión del mandato.