Las filas de camiones cisterna continúan en inmediaciones de la refinería de Palmasola, donde decenas de motorizados cargados con gasolina y diésel permanecen a la espera de descargar combustible.

Conductores señalaron que el ingreso de unidades con gasolina es restringido o se autoriza en cantidades limitadas, lo que genera acumulación de vehículos en la zona.

“Estamos descargando de manera normal, el problema es con los camiones que tienen gasolina.

No los dejan pasar o pasan pocas unidades. Por eso se ve esta fila”, relató uno de los choferes que aguardaba su turno.

Denuncias por calidad del combustible

En paralelo, la estatal petrolera enfrenta cuestionamientos por la calidad de la gasolina, luego de que conductores reportaran daños en motores y bajo rendimiento en motos, autos, vagonetas, camiones y buses.

La empresa atribuyó estos problemas a un presunto sabotaje interno, que —según su versión— formaría parte de una estructura heredada que afectó la capacidad técnica y operativa de la institución durante las últimas dos décadas.

La administración actual sostiene que se detectaron irregularidades que impactaron en los procesos de importación y distribución de carburantes, generando un escenario que habría afectado la confianza de la población.

Despidos y procesos judiciales

Desde la asunción del presidente Rodrigo Paz, la empresa informó el despido de 410 funcionarios como parte de un plan de reestructuración orientado a optimizar recursos, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la transparencia institucional.

El presidente de YPFB, Yussef Akly, explicó que varios de los exfuncionarios enfrentan procesos administrativos y judiciales por presuntamente haber afectado las operaciones de la empresa. En algunos casos, indicó, ya existen medidas cautelares en curso.

De acuerdo con un informe interno de la Gerencia de Talento Humano Corporativo, la anterior administración habría realizado designaciones irregulares en el Comité Mixto de Higiene,

Seguridad Ocupacional y Bienestar, presuntamente con fines políticos. La actual gestión inició los trámites legales para anular esas designaciones.

Exigencia de mayor firmeza

El Gobierno anunció que continuará con investigaciones y que aplicará sanciones contra quienes resulten responsables de hechos que hayan generado perjuicio económico o técnico.

Por su parte, el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, consideró que más allá de las acusaciones, el Ejecutivo debe avanzar en una reestructuración profunda de las empresas estratégicas para garantizar que estén dirigidas por personal técnico y de confianza, evitando designaciones por criterios políticos.