La Confederación Nacional de Jubilados declaró una situación de emergencia y exigió al Gobierno de Rodrigo Paz la intervención técnica de la Gestora Pública, además de auditorías interna y externa. El sector asegura que persisten observaciones heredadas de la anterior administración y busca esclarecer el manejo de los aportes y las inversiones realizadas por la entidad.

El dirigente Rodolfo Ayala explicó que se requiere conocer los contratos de inversión y anunció acciones legales contra exautoridades. Entre los mencionados están el expresidente Luis Arce Catacora, autoridades del Ministerio de Economía, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) y el último gerente de la Gestora, Darwin Ugarte. Ayala calificó la situación como un “desfalco” y advirtió que los jubilados no dejarán pasar las irregularidades que denuncian desde hace meses.

La Gestora Pública asumió de manera plena el pago de pensiones y la recepción de aportes en mayo de 2023. Desde entonces, los jubilados consideran necesario revisar el estado de los contratos e inversiones para determinar si hubo mal manejo de los recursos.