En un acto protocolar desarrollado en el salón de actos del Consejo de la Magistratura, el Presidente Manuel Baptista Espinoza y la Decana Gabriela Araóz López presentaron oficialmente el “Protocolo para Proteger la Independencia Judicial en Bolivia”, un instrumento jurídico que establece mecanismos concretos para prevenir, denunciar y proteger a juezas, jueces y vocales frente a cualquier tipo de injerencia interna o externa que afecte su labor.

El evento contó con la presencia de altas autoridades del sistema judicial y de instituciones vinculadas a la administración de justicia, entre ellas representantes del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Escuela de Jueces del Estado, Fiscalía de Distrito, y del Comando Departamental de la Policía Boliviana, además de organizaciones sociales y colectivos ciudadanos comprometidos con la defensa del Estado de Derecho.

Alcances del Protocolo El “Protocolo para Proteger la Independencia Judicial” establece que su cumplimiento será obligatorio para todas las juezas, jueces, vocales y personal jurisdiccional y administrativo del país. Entre sus principales disposiciones destacan: • La definición y clasificación de las injerencias, distinguiendo entre externas (provenientes de autoridades, instituciones o particulares ajenos al Órgano Judicial) e internas (originadas dentro del propio sistema judicial). • La obligación de rechazar y denunciar cualquier intento de presión mediante un formulario oficial de la Unidad Nacional de Transparencia (UNT-CM), en un plazo máximo de 48 horas. • La protección institucional para las autoridades judiciales afectadas, que incluye respaldo público, medidas de seguridad y acompañamiento institucional. • La prohibición de represalias contra quienes denuncien injerencias, garantizando la reserva y protección de su identidad. • La creación de un registro estadístico nacional de denuncias, con informes trimestrales públicos para promover la transparencia. • La coordinación interinstitucional con el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Policía Boliviana para resguardar la seguridad de las autoridades judiciales. • La incorporación obligatoria de módulos de capacitación sobre independencia judicial y ética en la formación de juezas y jueces, a cargo de la Escuela de Jueces del Estado. El documento se sustenta en los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre la Independencia de la Judicatura (1985), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en los artículos 12, 13, 115, 178 y 193 de la Constitución Política del Estado, entre otras normas del bloque de constitucionalidad.

Reconocimientos y respaldo social En la parte final del acto, representantes de la Federación de Juntas Vecinales y organizaciones sociales de Oruro entregaron reconocimientos a los miembros del Consejo de la Magistratura por su labor en favor del fortalecimiento institucional y la administración de justicia.

El gesto fue interpretado como un respaldo ciudadano al trabajo del Consejo y al compromiso de sus autoridades con la defensa de la independencia judicial.

Con la puesta en vigencia de este protocolo, el Consejo de la Magistratura expresa su misión de garantizar un sistema judicial libre de presiones, transparente y comprometido con la Constitución y los derechos humanos.