La defensa del expresidente Evo Morales presentó dos incidentes dentro del proceso penal que enfrenta por el presunto delito de trata y tráfico de personas con agravante, con el objetivo de derivar la causa a la justicia indígena, informó este lunes el fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro.

“Se han presentado incidentes por parte de la defensa y estamos a la espera de la notificación correspondiente, para solicitar que sean rechazados”, indicó Mogro en declaraciones recogidas por medios locales.

De acuerdo con un reporte del diario El País de Tarija, los recursos interpuestos por el equipo jurídico del exmandatario buscan que Morales sea sometido a la justicia ordinaria campesina y además se anule una notificación previa realizada dentro del proceso.

El pasado 21 de octubre, la entonces fiscal departamental Sandra Gutiérrez presentó la acusación formal contra Morales por el presunto delito de trata de personas con agravante. Ese mismo día, el acusado fue notificado por edicto con su imputación, tras varios intentos fallidos de notificación personal.

El caso se originó en septiembre de 2024, a raíz de una denuncia que reveló una presunta relación entre Morales y una menor de 14 años en la ciudad de Yacuiba, en 2015, cuando el exmandatario aún ejercía la presidencia. De esa relación habría nacido una niña, hecho que figura dentro de la investigación fiscal.

Según la Fiscalía, existen indicios suficientes que sustentan la acusación de trata de personas con agravante, en base al vínculo entre el exmandatario y la entonces menor de edad. Además, se imputó a la madre de la víctima, señalada por su presunta participación en los hechos.

El 17 de enero de 2025, el juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de Tarija, Nelson Alberto Rocabado, declaró a Morales en rebeldía y emitió una orden de aprehensión que continúa vigente.

Actualmente, el exmandatario permanece en el Trópico de Cochabamba, su bastión político, donde es custodiado por sus seguidores, mientras las autoridades judiciales y policiales aún no logran ejecutar la orden de captura.