La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los hechos de violencia registrados durante el operativo de desbloqueo realizado en el municipio de San Julián, en la ruta que conecta Santa Cruz con Beni, y pidió una investigación sobre la presencia de grupos de choque, así como el uso de armas de fuego y explosivos.

A través de un pronunciamiento oficial, la institución informó que los enfrentamientos dejaron un saldo de 33 personas heridas entre civiles y efectivos policiales.

Según el reporte, entre los civiles lesionados, 24 presentaron heridas leves y moderadas, por lo que fueron dadas de alta. Además, dos personas fueron internadas en centros de salud para ser sometidas a intervenciones quirúrgicas, una de ellas por una herida de bala.

Respecto a los efectivos policiales, la Defensoría señaló que siete resultaron heridos. Cuatro de ellos fueron atendidos por lesiones causadas por armas de fuego y uno permanece en terapia intensiva tras recibir un impacto en la cabeza.

La institución recordó que el derecho internacional no protege el ejercicio de la protesta cuando se registran actos de violencia extrema y señaló que durante el operativo se habría evidenciado la presencia de actores paraestatales y grupos de choque.

Asimismo, indicó que el uso de armas de fuego y explosivos debe ser investigado de manera objetiva y transparente por el Ministerio Público para establecer las responsabilidades correspondientes.

La Defensoría también enfatizó que toda actuación estatal en contextos de conflictividad social debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, garantizando en todo momento la protección de la vida y la integridad de las personas.

En línea con recomendaciones de organismos internacionales, la institución recordó la importancia de prevenir la conformación de grupos que se autoproclamen fuerzas de seguridad, advirtiendo que la existencia de grupos paraestatales y de choque en escenarios de crisis representa un riesgo para la población y para el respeto de los derechos fundamentales.

Finalmente, hizo un llamado a todos los actores involucrados a evitar una escalada de la violencia y priorizar soluciones pacíficas que contribuyan a preservar la seguridad y la convivencia social.