La Defensoría del Pueblo reportó un incremento de la conflictividad en el país durante los meses de julio y agosto, pese a la vigencia del estado de excepción decretado por el Gobierno tras los bloqueos de caminos encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB).

Jenifer Guachalla, responsable de Conflictividad de la Defensoría del Pueblo, señaló que la medida permitió desbloquear las principales rutas del país durante sus primeros días, pero no logró resolver los conflictos que se registraban a nivel nacional.

“Si bien en los primeros días del estado de excepción se ha logrado desbloquear las rutas principales del país, en los siguientes días, es decir, lo que restaba del mes de junio y sobre todo ya en el mes de julio y agosto, se han incrementado las situaciones de conflictividad”.

Según la representante de la Defensoría, los conflictos no desaparecieron, sino que se diversificaron hacia demandas sectoriales y económicas, entre ellas el abastecimiento y el precio de los combustibles, una problemática que ya se presentaba antes de las protestas.

Durante julio y agosto, en el periodo de vigencia del estado de excepción, la Defensoría registró 73 eventos de conflictividad y 11 detenciones de personas que actualmente enfrentan procesos penales, detalló Guachalla.

El estado de excepción concluirá el 17 de septiembre

El 20 de junio, después de 50 días de bloqueos de caminos encabezados por la COB, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz decretó estado de excepción por 90 días en todo el territorio nacional.

La medida tiene prevista su conclusión para el 17 de septiembre. Sin embargo, ante el anuncio de nuevas protestas de distintos sectores sociales, desde la Asamblea Legislativa surgieron planteamientos para ampliar su vigencia.

Ante esta posibilidad, Guachalla recordó la postura de la Relatoría de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Asociación, que enfatizó que el estado de excepción debe ser una medida excepcional y que, para extenderlo, deben mantenerse las mismas circunstancias que motivaron su aprobación.

La responsable de Conflictividad explicó que el estado de excepción fue decretado debido a los bloqueos de caminos registrados en junio y a la situación de convulsión que atravesaba el país.

Por ello, señaló que si la Asamblea Legislativa analiza una eventual ampliación, se debe evaluar si actualmente persisten las mismas condiciones que llevaron a aprobar la medida.

“No podemos vivir permanentemente en un estado de excepción, eso no es correcto”.