El Gobierno desplegó 1.500 efectivos militares e intervino 16 plantas estratégicas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en distintos puntos del país, informó el ministro de Defensa, Marcelo Salinas.

La operación, denominada Plan San Alberto, es ejecutada por las Fuerzas Armadas con tropas especiales, oficiales profesionales y soldados, con el objetivo de resguardar las instalaciones energéticas tras denuncias de presunto sabotaje vinculadas a la contaminación de gasolina.

“Se han desplazado 1.500 efectivos en 16 plantas en los principales departamentos del país”, confirmó la autoridad en conferencia de prensa. Según explicó, el operativo contempla el control del perímetro de las plantas para impedir el ingreso de personas ajenas a la estatal petrolera.

El ministro precisó que la medida responde al mandato constitucional de las Fuerzas Armadas de proteger las empresas estratégicas del Estado y aseguró que la intervención se mantendrá “el tiempo que sea necesario, hasta que se termine con la confabulación y con este sabotaje”.

Salinas evitó brindar detalles sobre las investigaciones o eventuales responsabilidades, indicando que esa información corresponde al Ministerio del área energética y a la propia estatal. Añadió que se evalúa la posibilidad de que personal militar acompañe determinados sistemas operativos dentro de las plantas, previa solicitud formal.

La intervención se produce en medio de cuestionamientos sobre la calidad del combustible y refuerza la presencia del Estado en infraestructura considerada estratégica para el abastecimiento nacional.

Por su parte, Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, consideró que la presencia de militares no es la solución y que la respuesta debe ser técnica. “Esta imagen nos recuerda al Gobierno del MAS. La respuesta debe ser otra”, observó.

Transporte pesado rechaza la militarización

El dirigente del transporte pesado, Juan Yujra, cuestionó la decisión del presidente Rodrigo Paz de disponer la intervención militar en plantas estratégicas de YPFB.

Para el sector, la militarización no resolverá el problema de fondo relacionado con la calidad y disponibilidad de carburantes.

“Parece un chiste. Eso no es solución. La solución la tienen que dar los ingenieros”, afirmó Yujra, quien además señaló que el Gobierno no ha brindado información clara sobre el tipo de gasolina comercializada ni sobre los volúmenes adquiridos.

Desde el transporte pesado sostienen que la solución pasa por garantizar la calidad del combustible mediante análisis técnicos previos a su compra. Yujra explicó que, en el comercio internacional, el diésel o la gasolina deben someterse a pruebas de laboratorio para verificar sus características antes de ser adquiridos.