El Procurador General del Estado, Hugo León La Faye, confirmó este miércoles que el Juzgado de Instrucción Penal 5to de La Paz declaró oficialmente en rebeldía a Armin Dorgathen Tapia, expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esta determinación judicial surge ante la inasistencia del exejecutivo a su audiencia de medidas cautelares programada para este 14 de enero, en el marco de las investigaciones por el caso denominado Botrading.

Como consecuencia de la declaración de rebeldía, la autoridad informó que se ha emitido un mandamiento de aprehensión contra Dorgathen, además de disponerse el arraigo nacional y el registro de sus antecedentes en el REJAP. La justicia también ordenó la publicación de sus datos personales para facilitar su ubicación, asegurando que el proceso continúe mediante la designación de un defensor de oficio para precautelar el cumplimiento de las normas legales.

En el ámbito económico, el titular de la Procuraduría detalló que se han activado medidas precautorias severas, que incluyen la anotación preventiva de todos sus bienes y el congelamiento de sus cuentas en el sistema financiero nacional. Estas acciones buscan garantizar que el imputado no disponga de sus activos mientras se esclarecen las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la estatal petrolera boliviana.

Asimismo, León La Faye ratificó que se realizarán las gestiones necesarias ante la INTERPOL para activar el sello rojo internacional. Con esta medida, el Gobierno boliviano pretende lograr la extradición del exfuncionario en caso de que se encuentre fuera del país, con el objetivo de que retorne a territorio nacional para responder por los delitos que se le atribuyen ante las autoridades competentes.

Armin Dorgathen es investigado por supuestas anomalías en la importación de combustibles a través de la firma Botrading, proceso que es fiscalizado por la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos. Este caso, liderado por la Procuraduría General, busca transparentar el manejo de los recursos energéticos y sancionar posibles actos de corrupción que afectaron la estabilidad del sector de hidrocarburos en Bolivia.