La diputada de la bancada Libre, Lissa Claros, expresó públicamente su respaldo a una eventual declaratoria de estado de excepción en el territorio nacional como medida constitucional para restablecer el orden. La legisladora demandó al Órgano Ejecutivo aplicar "mano dura" ante las movilizaciones y cortes de ruta que ya superan los 30 días de vigencia, señalando de forma drástica los severos perjuicios económicos y sociales que padece la ciudadanía a nivel nacional.

Exigen acciones constitucionales firmes ante la asfixia vial Claros argumentó que la persistencia de las medidas de presión por parte de los sectores movilizados ha rebasado los límites tolerables de la protesta social, vulnerando de forma sistemática los derechos fundamentales del resto de los bolivianos, como la libre transitabilidad, el acceso a alimentos y la salud pública.

Ante este escenario de asfixia que afecta principalmente al occidente del país, la parlamentaria justificó que el Gobierno Central debe emplear los mecanismos legales y coercitivos que franquea la Constitución Política del Estado para garantizar la seguridad y la estabilidad interna de la nación.