La diputada María René Álvarez (Creemos) interpuso una acción de cumplimiento ante la Sala Constitucional Tercera del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, exigiendo que la Cámara de Diputados trate el proyecto de ley 163/2024-2025, que busca derogar la disposición adicional séptima de la Ley Financial. Esta normativa ha generado rechazo en diversos sectores al permitir el decomiso de productos sin una justificación clara.

La legisladora dirigió el recurso contra Andrés Flores, presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, y Omar Yujra, presidente de la Cámara de Diputados, señalando que el proyecto de ley aprobado por el Senado el 5 de febrero sigue sin ser tratado en la Cámara Baja.

“El país está en tensión por una medida que fue incluida en el Presupuesto General del Estado sin debate ni consenso con el sector productivo. No podemos permitir que el Gobierno imponga normas que afectan la propiedad privada y el comercio”, sostuvo Álvarez.

Desde el Comité Multisectorial de la Cadena Productiva, que encabeza las movilizaciones contra la disposición, insisten en que su eliminación es clave para garantizar seguridad jurídica en el país. Como antecedente, la diputada recordó el decomiso de arroz a cinco ingenios en Montero en diciembre, hecho que considera una muestra de cómo esta normativa puede ser usada para afectar la producción y el abastecimiento del mercado.

La legisladora advierte que, de mantenerse la disposición, podrían repetirse decomisos arbitrarios en otros sectores, afectando a productores, comerciantes y emprendedores del país.