La decisión desactiva una de las amenazas que generaban incertidumbre sobre el proceso electoral de agosto

El diputado de la alianza Creemos, Henry Gutiérrez Farrel, aliado político del alcalde cochabambino Manfred Reyes Villa, retiró la acción de cumplimiento que había presentado contra candidatas del MAS que, según su denuncia, no renunciaron a sus cargos antes de postular a la reelección. La medida había provocado tensión e incertidumbre en torno al desarrollo de las elecciones generales previstas para agosto.

La acción, dirigida contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, solicitaba la inhabilitación de las parlamentarias del Movimiento Al Socialismo: María José Rodríguez Gálvez, Lidia Tupa Zelaya y Miriam Martínez Michaga. Gutiérrez alegó que las tres no habían cumplido con el requisito constitucional de dejar sus cargos públicos antes de inscribirse como candidatas.

Este viernes, Gutiérrez solicitó el archivo del caso y pidió copias legalizadas de todas las actuaciones procesales, cerrando así uno de los frentes que amenazaban con complicar el proceso electoral. En el documento remitido al presidente de la Sala Constitucional Segunda, el legislador sostuvo que “la unidad de Bolivia está por encima de cualquier situación personal y particular”.

La acción de cumplimiento había derivado en pronunciamientos de autoridades del Órgano Judicial, quienes exigieron respeto a la independencia del poder judicial y garantizaron el normal desarrollo de los comicios.

Aunque Gutiérrez no participa como candidato, su esposa, Nair Sánchez, postula como diputada por el partido APB-Súmate en la circunscripción 47 de Santa Cruz, lo que generó suspicacias sobre el trasfondo político del recurso.

Otra demanda sigue en curso

Por otro lado, aún sigue pendiente una acción presentada el pasado 23 de junio por el abogado Carlos Villarroel, que busca la inhabilitación de cinco postulantes presidenciales: Eva Copa, Manfred Reyes Villa, Jhonny Fernández, Andrónico Rodríguez y Rodrigo Paz Pereira, bajo el mismo argumento: no haber renunciado a sus funciones en el plazo establecido por la Constitución Política del Estado.