La jueza Sandra Heredia determinó que el expresidente ofreció beneficios a paramilitares presos para modificar testimonios que lo vinculaban con grupos ilegales

En una decisión histórica para la justicia colombiana, la jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, declaró este lunes que el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) es penalmente responsable por el delito de soborno en actuación penal, en el marco del proceso por manipulación de testigos que comenzó en 2012. El exmandatario, de 73 años y figura central del partido de derecha Centro Democrático, es señalado de ofrecer beneficios, a través de intermediarios, a paramilitares encarcelados con el objetivo de que cambiaran declaraciones que lo comprometían.

Según la jueza, Uribe utilizó a su abogado, Diego Cadena, para persuadir al exparamilitar Juan Guillermo M., preso en Bogotá, de que modificara su testimonio sobre los presuntos vínculos del exjefe de Estado con grupos armados ilegales en Antioquia. Además, se habría intentado incriminar al senador Iván Cepeda, quien pasó de ser acusado a víctima en este proceso tras un giro en la investigación.

“El primer soborno en actuación penal ha quedado acreditado”, afirmó la magistrada durante la audiencia que se extendió por seis horas. El expediente indica que los ofrecimientos buscaban condicionar testimonios en diversos procesos judiciales abiertos contra Uribe.

Este caso representa un hito en la historia política y judicial del país: es la primera vez que un expresidente colombiano podría ser condenado penalmente en primera instancia. La pena por los delitos imputados podría oscilar entre seis y doce años de prisión.

La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia expresó su respaldo a la jueza Heredia y solicitó a las autoridades que se refuercen las medidas de protección hacia ella, destacando la necesidad de garantizar la independencia judicial frente a un caso de alto perfil. “Es fundamental que se respete el ejercicio funcional de la jueza y la decisión que emita en derecho”, expresó el gremio a través de un comunicado citado por El Tiempo.

El proceso aún debe definir la culpabilidad del expresidente en los otros delitos que le imputa la Fiscalía: fraude procesal y soborno. La resolución de este caso continúa generando un fuerte impacto en la esfera política colombiana.