El vocero presidencial, José Luis Gálvez, defendió la determinación del Gobierno de eliminar la subvención al diésel, reconociendo que la medida tendrá un impacto en los precios y en la inflación, aunque sostuvo que gran parte del efecto ya fue previamente asimilado por la población. Según la autoridad, los ciudadanos ya enfrentaban costos elevados debido a la escasez del carburante, las largas filas en los surtidores y la adquisición de combustible en el mercado negro a precios superiores al costo internacional.

Gálvez calificó como inviable el esquema anterior, señalando que el Estado destinaba alrededor de 55 millones de dólares semanales para sostener un modelo que tildó de obsoleto e insostenible, el cual terminaba beneficiando al contrabando y a la especulación. Respecto a la tasa de inflación proyectada, el vocero evitó precisar cifras para no incurrir en especulaciones, sosteniendo que, si bien se prevé cierta afectación y probables reacciones especulativas iniciales en el mercado, no se producirá un traslado completo de la variación de costos al consumidor final.

En cuanto a las repercusiones inmediatas, el portavoz admitió que en algunas regiones, como Sucre y Potosí, se han registrado incrementos unilaterales en los pasajes de transporte y en diversos productos de primera necesidad. Frente a esta coyuntura, el representante gubernamental destacó que la pérdida del poder adquisitivo se superará mediante la reactivación económica, la creación de empleo y la implementación de medidas compensatorias de ayuda social, tales como la entrega del bono Pepe II, la concesión de créditos productivos y la aplicación de un perdonazo tributario.