Un grupo de exefectivos de la Policía Boliviana, separados de la institución tras el motín de noviembre de 2019, exige su reincorporación inmediata y la restitución de sus derechos laborales y salariales perdidos. Los expolicías, que superan los cinco años de baja, alegan que su separación fue resultado de una persecución política motivada por su actuación durante la convulsión social. El excomandante de Santa Cruz, Miguel Mercado, afirmó que la misión de la Policía se limitó a "cumplir con nuestra misión constitucional".

Los exefectivos denuncian que la persecución en su contra fue "totalmente injusta" y se basó en interpretaciones arbitrarias de su actuación, como el supuesto ofender símbolos patrios. Javier Triguero, presidente de Anssclapol, recordó que en esos días críticos la policía actuó para pacificar a la sociedad civil movilizada y evitar enfrentamientos, salvando la integridad de camaradas e instalaciones. Ambos efectivos señalaron que el Tribunal Constitucional les ha dado la razón en los amparos que interpusieron.

Los policías afectados no solo exigen su reincorporación, sino la restitución de salarios y beneficios que perdieron durante los más de cinco años que duró su separación. Afirman que sus familias han sufrido las consecuencias directas de la baja, que se dio sin goce de haberes ni acceso a beneficios sociales. Su principal reclamo es que se haga justicia y se les permita retornar a la institución, aunque sea para realizar sus trámites y salir "por la puerta grande".

Para consolidar sus demandas, Javier Triguero, de Anssclapol, anunció que en los próximos días se llevará a cabo un congreso nacional del SEM de Anssclapol en la ciudad de La Paz. En este evento, se definirá el curso de acción y la estrategia legal y administrativa a seguir para lograr la restitución definitiva de los derechos de los policías afectados. El objetivo es avanzar en los trámites pendientes y poner fin a lo que consideran un proceso de persecución judicial y administrativa.