La expresidenta constitucional de Bolivia, Jeanine Añez Chávez, fue liberada recientemente del penal de Miraflores, un hecho que la llevó a reafirmar su postura. Ante medios y seguidores, Añez aseguró sentirse orgullosa y no tener ningún arrepentimiento por haber asumido la Presidencia. Ella defendió su accionar, indicando que sirvió a la nación cuando más se la necesitaba tras los eventos de 2019.

Este compromiso, según sus palabras, es el que debe asumir todo boliviano que ama a su patria, aún a sabiendas de que podría tener un costo personal. La exmandataria enfatizó que actuó con total convicción y buena fe, pues así es la forma en que se comportan las "personas decentes". Reiteró que ella dio todo lo que tenía que dar en beneficio de Bolivia y su gente, una declaración que caló hondo entre sus simpatizantes.

En su primera intervención tras la excarcelación, Jeanine Añez criticó duramente el rol de la justicia durante el tiempo que permaneció recluida. La expresidenta afirmó que el cambio en su situación judicial solo se produjo una vez que quienes mantenían el control y manipulaban las leyes perdieron su influencia. Utilizando un lenguaje fuerte, Añez aseveró que "se tuvo que ir el monstruo" para que los administradores de Justicia pudieran finalmente actuar conforme a lo establecido en la norma. Esta declaración apunta directamente a los intereses políticos que, según ella, mantuvieron una injerencia indebida sobre el proceso legal en su contra. Sus palabras subrayan una percepción de manipulación política dentro del sistema judicial boliviano.

La situación judicial de Añez ha generado también una reacción por parte de las instancias judiciales superiores en el país. El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció que se evaluará la reciente resolución de absolución emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta revisión buscará determinar si los jueces que la juzgaron actuaron sin tener la competencia legal para hacerlo.

Baptista explicó que, si se confirma que a Jeanine Añez le correspondía ser juzgada mediante un juicio de responsabilidades por su calidad de expresidenta, los jueces ordinarios que la procesaron habrían excedido sus atribuciones. La evaluación podría derivar en la destitución de los administradores de justicia que resulten haber actuado de manera irregular o incompetente en el caso.