El fiscal Aldo Mendoza afirmó que los gerentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que actualmente se encuentran aprehendidos tenían conocimiento sobre la adquisición y comercialización de gasolina denominada como “desestabilizada”, la cual, según la investigación, contenía elementos nocivos para los motores de los vehículos.

Según explicó la autoridad, las indagaciones establecen que la comercialización del combustible se realizó pese a que existían observaciones sobre su calidad.

“La gerencia ha instruido la comercialización de esa gasolina que tenía elementos nocivos para los motores y para todos los vehículos de transporte nacional”, señaló Mendoza.

El fiscal indicó además que en Bolivia existen normativas vigentes que regulan los parámetros para la compra y comercialización de combustibles, por lo que sostuvo que los involucrados tenían conocimiento de las características del producto adquirido.

Asimismo, afirmó que el caso habría generado perjuicios a la población y que la investigación alcanza a distintas autoridades y exautoridades que pudieron haber participado en el proceso de comercialización del combustible.

“Ha generado gran daño a la población, existen varias gerencias, varias autoridades y exautoridades que hubiesen procedido a tener un grado de participación en la comercialización de esta gasolina”, manifestó.

Desde inicios de junio, el Ministerio Público aprehendió a tres ejecutivos de YPFB en el marco de este caso. Se trata del gerente de Productos Derivados e Industrialización, Carlos Cuéllar Pinto; el gerente general de Logística, Eddy Rolando Torrico Ibáñez; y el gerente comercial, Nelson Alejandro Mendoza.

Carlos Cuéllar ya fue enviado con detención preventiva por seis meses al penal de Palmasola, mientras que los otros dos funcionarios permanecen a la espera de sus respectivas audiencias de medidas cautelares, donde se definirá su situación jurídica.

La investigación continúa para establecer responsabilidades y determinar el alcance de la presunta participación de otros funcionarios vinculados al caso.