La Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (Frutcas) planteó que el tratamiento de los contratos de litio sea postergado hasta que asuma el próximo gobierno y una nueva Asamblea Legislativa. La ejecutiva de Frutcas, Yamile Cruz, sostuvo que se necesita una ley específica sobre el litio que garantice justicia social, sostenibilidad ambiental, regalías justas y protección de los recursos hídricos.

En entrevista con La Razón Radio, Cruz cuestionó los contratos firmados por el Gobierno con las empresas Uranium One Group (Rusia) y Hong Kong CBC (China), entre 2023 y 2024, para la implementación de la tecnología de extracción directa de litio (EDL). Señaló que estos acuerdos fueron elaborados sin un marco legal adecuado y sin participación social.

Los contratos no han sido aprobados por la Asamblea Legislativa y continúan generando observaciones. Según Frutcas, el uso proyectado del agua —entre 8 y 9 millones de litros diarios— representa un grave riesgo ambiental. Además, denuncian que el acuerdo solo otorga un 3% de regalías, cifra considerada insuficiente para el departamento de Potosí.

Cruz advirtió que los contratos contienen cláusulas que permiten a las empresas exigir compensaciones si se modifican las condiciones tributarias. Por ello, afirmó que “estos contratos están mal hechos, son inconstitucionales” y que su análisis técnico, social y legal demuestra que deben ser revisados profundamente.

Frutcas propone una ley del litio que incluya garantías sobre el uso del agua, la soberanía productiva y regalías adecuadas para la región. También pide concluir la infraestructura de las plantas de evaporación en el Salar de Uyuni, priorizando el fortalecimiento de la cadena industrial estatal antes de firmar más contratos internacionales.