La Unión Europea (UE) incorporó formalmente a Bolivia a su lista de "terceros países de alto riesgo" en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La medida, contenida en el Reglamento Delegado (UE) 2026/83 publicado en el Diario Oficial de la UE, deriva de la permanencia del país en la "lista gris" de vigilancia reforzada del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde junio de 2025, e incrementa la supervisión sobre las transacciones vinculadas con el territorio nacional.

A pesar de que Bruselas reconoció avances del país en la producción de inteligencia financiera y la investigación del financiamiento del terrorismo desde finales de 2023, determinó que los esfuerzos resultan insuficientes para resolver sus deficiencias estratégicas. Esta clasificación no implica sanciones ni bloqueos económicos, pero exige a los bancos europeos aplicar medidas reforzadas de diligencia, lo que genera demoras, mayores requerimientos de información y el incremento de costos operativos para empresas, inversionistas y entidades financieras internacionales.

Para salir de esta nómina y de la vigilancia del GAFI, Bolivia debe cumplir con tareas pendientes como autorizar técnicas especiales de investigación, fiscalizar a profesionales y comerciantes de metales o piedras preciosas bajo criterios de riesgo, garantizar la precisión sobre los beneficiarios finales de las empresas y elevar la cantidad de procesamientos judiciales por lavado de dinero.