El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, afirmó que las amenazas realizadas por organizaciones sociales del trópico de Cochabamba de tomar unidades militares y policiales refuerzan la posición del Gobierno respecto a que las actuales movilizaciones responden a una presunta conspiración financiada por el narcoterrorismo.

Durante una conferencia de prensa, la autoridad señaló que las acciones anunciadas por sectores afines al expresidente Evo Morales no corresponden a un conflicto social protagonizado por organizaciones de distintas regiones del país, sino a una estrategia destinada a afectar el orden constitucional.

“Esto reafirma la tesis del Gobierno boliviano de que no estamos viviendo un conflicto social con sectores de diferentes regiones de nuestro país”, manifestó Oviedo.

Asimismo, sostuvo que el país enfrenta “una conspiración financiada por el narcoterrorismo con el fin de violentar nuestro ordenamiento constitucional legal”.

El ministro también apuntó al expresidente Evo Morales, a quien atribuyó la instrucción de rodear cuarteles y unidades policiales para que sean tomadas por grupos vinculados al narcotráfico, según su versión.

Las declaraciones surgen después de que al menos 15 centrales de Chimoré anunciaran el ingreso en vigilia y la toma de instituciones militares asentadas en el trópico de Cochabamba, entre ellas unidades como Umopar y Garras. La medida fue anunciada tras la promulgación de la Ley de Regulación de Estados de Excepción por parte del presidente Rodrigo Paz.

Dirigentes de estos sectores manifestaron previamente que no se responsabilizarán por lo que pueda ocurrir con militares y policías en la región y advirtieron sobre posibles reacciones de las bases ante eventuales intervenciones en los puntos de bloqueo.

Las movilizaciones y bloqueos impulsados por estos sectores cumplen alrededor de 40 días en distintas regiones del país, en medio de demandas que incluyen la renuncia del presidente.