El caso de Martha Lía Grajales intensifica la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro y la situación de los derechos humanos en el país

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, urgió a las autoridades venezolanas a proporcionar información precisa sobre el paradero y estado de Martha Lía Grajales, detenida el pasado 8 de agosto en Caracas tras participar en una manifestación. Turk enfatizó la necesidad de que su familia y abogado tengan acceso inmediato a la activista, además de exigir su liberación, en un contexto de creciente preocupación por la opacidad en las detenciones de defensores de derechos humanos en Venezuela.

La intervención del Alto Comisionado se produce en medio de denuncias de represión contra activistas y familiares de presos políticos. La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció que un grupo de madres, niños y defensores fueron atacados por “colectivos” progubernamentales durante una vigilia pacífica frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Según el CLIPP, la agresión se produjo tras el retiro de las fuerzas policiales y estuvo acompañada de insultos y disparos, sin que hasta ahora se haya identificado o procesado a los responsables.

La vigilia, en la que participaron alrededor de 50 familiares de detenidos por motivos políticos, se realizó al cumplirse un año de la aprehensión de varias personas tras las elecciones de julio de 2024, un proceso denunciado como fraudulento por sectores opositores. Según cifras del Foro Penal, actualmente 807 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas en el país, mientras que el régimen de Nicolás Maduro sostiene que los detenidos enfrentan cargos por delitos comunes, como “incitación al odio” y “terrorismo”, con penas de hasta 30 años de prisión.

El caso de Grajales y los recientes ataques contra manifestantes han incrementado la presión internacional sobre el Gobierno venezolano, en un momento en que organismos y ONG reclaman garantías procesales, transparencia y respeto a los derechos fundamentales.