El procurador general del Estado, César Siles, ha emitido una advertencia sobre la posibilidad de procesos penales contra aquellos que desobedezcan las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia. Siles destacó que el TCP es la única instancia en el país autorizada para interpretar la Constitución Política del Estado (CPE), y no se permite ningún recurso adicional contra sus decisiones.

En caso de incumplimiento de las sentencias del TCP, Siles señaló que se podría iniciar una acción penal por el delito de desobediencia a resoluciones emanadas del Tribunal Constitucional. El procurador hizo estas declaraciones en medio de la controversia sobre el incumplimiento de dos sentencias del TCP emitidas en diciembre de 2023.

Una de las sentencias trata sobre la eliminación de la reelección presidencial indefinida, mientras que la otra se refiere a la suplencia en la Gobernación de Santa Cruz. Siles enfatizó que las autoridades, servidores públicos y particulares tienen la obligación de cumplir las decisiones y sentencias del TCP, basándose en los artículos 203 de la CPE y 18 del Código Procesal Constitucional.

Estas declaraciones surgen en medio de tensiones políticas y sociales en Bolivia, particularmente relacionadas con la reelección presidencial y conflictos en algunas regiones del país.