El sector del transporte pesado nacional e internacional otorgó un plazo de 15 días al Gobierno de Rodrigo Paz para presentar soluciones concretas al desabastecimiento de diésel y al mal estado de las carreteras.

Los dirigentes aseguran que las filas en los surtidores continúan y cuestionan que los compromisos asumidos por el Gobierno no hayan permitido normalizar el abastecimiento de combustible.

El dirigente Domingo Ramos advirtió que, si sus demandas no son atendidas, el sector asumirá medidas de presión y podría declararse en quiebra nacional.

“No vamos a pagar peajes, impuestos ni a los bancos”, afirmó Ramos, al señalar que la falta de combustible y las condiciones de las carreteras afectan directamente al transporte.

Los transportistas también exigieron una inspección técnica de las carreteras, con la presencia de un notario de fe pública, y anunciaron que podrían iniciar procesos legales contra autoridades de los ministerios de Obras Públicas, Economía e Hidrocarburos por un presunto incumplimiento de deberes.

De acuerdo con los dirigentes, en Bolivia existen más de 12.000 transportistas y cerca del 60% estaría afectado por la falta de combustible.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo exigió a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), YPFB y al Ministerio de Hidrocarburos brindar información y adoptar medidas para regularizar el abastecimiento.

Mientras tanto, la Policía reportó la incautación de 5.000 litros de diésel que eran trasladados presuntamente de manera ilegal hacia Guanay. El conductor fue aprehendido y el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público.

Los transportistas esperan que el Gobierno convoque al sector dentro del plazo establecido para evitar nuevas medidas de presión.