El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició una demanda millonaria contra JP Morgan Chase y su CEO, Jamie Dimon, acusándolos de cerrar sus cuentas y las de sus empresas en febrero de 2019 por razones políticas. La acción legal, presentada en un tribunal estatal del condado de Miami-Dade, solicita una compensación mínima de 5.000 millones de dólares.

Según la demanda, el banco incluyó a Trump, su familia y sus empresas en una “lista negra” sin justificar su decisión, generando dificultades financieras y afectando la reputación de los demandantes. Los abogados del mandatario sostienen que JP Morgan actuó motivado por “creencias progresistas” y la intención de distanciarse de sus posturas conservadoras, no por criterios financieros o de riesgo.

El escrito judicial acusa al banco de difamación comercial, incumplimiento del pacto de buena fe y violación de la Ley de Prácticas Comerciales Desleales y Engañosas de Florida. Trump considera que esta medida constituye un caso de “debanking”, una exclusión deliberada del sistema financiero tradicional, un fenómeno que, según el mandatario, afecta a otros bancos estadounidenses hacia clientes con afinidad política conservadora.