El ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, reafirmó este lunes el interés de su país en participar en la industrialización del litio boliviano a través de un consorcio australiano-alemán, y subrayó la necesidad de contar con seguridad jurídica para garantizar la llegada de inversiones sostenibles.

“Existe un consorcio australiano-alemán que ya trabaja aquí y que quiere explorar los yacimientos y facilitar los accesos”, declaró Wadephul en entrevista con la red Unitel. Sin embargo, enfatizó que para que ese trabajo avance “se necesita seguridad respecto a las inversiones”, y consideró que “se puede cooperar de forma estrecha” si existen las condiciones adecuadas.

El canciller alemán cumple una agenda oficial en Santa Cruz de la Sierra, que incluye reuniones con autoridades departamentales y empresarios, además de un encuentro con el presidente Rodrigo Paz Pereira y varios ministros recientemente posesionados.

Desde Colombia, antes de su arribo a Bolivia, Wadephul expresó su respaldo al nuevo rumbo político del país:

“Los bolivianos tienen grandes esperanzas puestas en este nuevo comienzo político. Quieren salir de la prolongada crisis económica y esperan prosperidad, estabilidad y crecimiento”.

De acuerdo con la Embajada de Bolivia en Alemania, la visita busca fortalecer las relaciones bilaterales y promover una agenda centrada en la cooperación económica, la sostenibilidad ambiental y el diálogo sobre energías renovables y recursos estratégicos, todo ello “en el marco del respeto mutuo y el desarrollo sostenible”.

Wadephul también destacó la posibilidad de que Bolivia, como nuevo miembro del Mercosur, se adhiera en el futuro al acuerdo Unión Europea–Mercosur, actualmente en su fase final de negociación.

“Esto supondría un impulso adicional para las relaciones económicas entre Alemania y Bolivia. Queremos contribuir a que las expectativas y esperanzas del pueblo boliviano se hagan realidad”, añadió.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz convocó a la Asamblea Legislativa a un Acuerdo Nacional del Bicentenario para impulsar reformas a las leyes de hidrocarburos y minería, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica que demandan los inversionistas interesados en aportar capital al país. El mandatario planteó un plazo de seis meses para concretar estos cambios.