El gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, aseguró este lunes que la reciente abrogación de la Ley 1720 dejó en evidencia que las movilizaciones y los bloqueos de carreteras en el país persiguen fines netamente políticos y no demandas sectoriales legítimas. La autoridad productiva afirmó que la mencionada norma fue utilizada únicamente “como una excusa” por parte de los sectores radicales para impulsar acciones de presión orientadas a desestabilizar la gestión del presidente Rodrigo Paz.

Hernández lamentó que, a pesar de que el sector agropecuario de Santa Cruz cedió para viabilizar la anulación de la ley y así desactivar los conflictos, las medidas de fuerza se hayan reactivado y masificado en rutas clave. El ejecutivo manifestó la profunda preocupación de los productores debido a que la continuidad de los cercos viales coincide de forma crítica con la conclusión de la cosecha de verano y el inicio de la siembra de invierno, amenazando de forma directa la logística de distribución, la seguridad alimentaria nacional y el cumplimiento de los contratos internacionales de exportación.

El representante de Anapo recordó que el complejo oleaginoso es un pilar fundamental de la economía boliviana, ya que genera más de 1.000 millones de dólares anuales en divisas mediante la exportación de productos con valor agregado como aceite, torta y grano de soya hacia mercados de la Comunidad Andina, como Perú, Ecuador y Colombia. Hernández advirtió que el tránsito libre por el occidente del país es vital para el sector, señalando que los 20 días de conflicto sostenido han destruido meses de trabajo de apertura comercial, deteriorando la imagen de Bolivia como proveedor confiable y ahuyentando las inversiones extranjeras necesarias para integrarse a los corredores bioceánicos.