El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, afirmó este lunes que la decisión judicial que extinguió el proceso penal en el denominado caso Golpe de Estado I beneficia únicamente al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y no alcanza al resto de los acusados ni a quienes ya cuentan con sentencias. Asimismo, confirmó que el Ministerio Público de La Paz presentó una apelación contra dicho fallo.

Mariaca explicó que la resolución emitida por el tribunal se limita exclusivamente a Camacho y no tiene efectos sobre las personas que se sometieron a procedimientos abreviados ni sobre aquellos investigados que aún cuentan con órdenes de aprehensión vigentes. En ese marco, señaló que la Fiscalía actuó conforme a la Constitución Política del Estado y la normativa vigente al impugnar la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.

El Fiscal General indicó que existen personas que se sometieron a procedimientos abreviados y que ya cuentan con condena dentro del caso, el cual se encuentra en etapa de juicio oral. Remarcó que la determinación judicial conocida hasta el momento es beneficiosa únicamente para Luis Fernando Camacho.

En ese sentido, sostuvo que el Ministerio Público no incurrió en inacción, ya que desde el inicio de la investigación se conformaron comisiones de fiscales especializados, y precisó que será una sala penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz la que deberá resolver la apelación presentada.

Mariaca enfatizó que el proceso continúa vigente para otros implicados, incluidos exministros y exaltas autoridades militares y policiales que se encuentran en condición de rebeldía, a quienes instó a someterse a la justicia y ejercer su defensa ante un tribunal de sentencia.

La posición de la autoridad surge luego de que la pasada semana la Justicia dispusiera la extinción del proceso penal contra Camacho dentro del caso Golpe de Estado I, relacionado con los hechos de violencia que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019. La denuncia fue presentada en diciembre de 2020 por la exdiputada Lidia Patty contra Camacho, su padre José Luis Camacho, y exjefes militares y policiales, a quienes acusó de conspirar y desestabilizar al entonces gobierno.

Camacho fue el principal acusado del caso y en diciembre de 2022 fue aprehendido en Santa Cruz y trasladado a La Paz, donde fue recluido en el penal de Chonchocoro, permaneciendo privado de libertad hasta el 29 de diciembre de 2025, cuando la Justicia dispuso su liberación.