El Gobierno nacional denunció este lunes que el dirigente de los Ponchos Rojos, Bernabé Gutiérrez Paucara, estaría detrás de la escalada de violencia registrada en la ciudad de La Paz y lo acusó de promover la llegada de manifestantes armados para intentar sitiar Plaza Murillo en medio de las protestas que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

La denuncia fue realizada por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien aseguró que existen indicios de una presunta organización para generar enfrentamientos y alterar el orden constitucional desde sectores movilizados afines al evismo y organizaciones campesinas.

“Quiero denunciar al señor Bernabé Gutiérrez Paucara, actual presidente del Comité de Conflicto de los Ponchos Rojos, como uno de los principales instigadores de los hechos de violencia que se están generando en la ciudad de La Paz”, afirmó Gálvez.

Según la autoridad, Gutiérrez habría sostenido una reunión en Achacachi con dirigentes y representantes de comunidades de la provincia Omasuyos, donde presuntamente instruyó a los movilizados trasladarse a La Paz “con todas las armas posibles”, incluyendo fusiles Mauser, además de palos y herramientas para reforzar las protestas.

El vocero presidencial también denunció que algunos comerciantes y pobladores habrían sido presionados para aportar víveres, coca y cigarrillos bajo amenazas de saqueos si no colaboraban con las movilizaciones.

Las declaraciones surgieron luego de una jornada de alta tensión en el centro paceño, donde diferentes marchas confluyeron en inmediaciones de Plaza Murillo. Durante los disturbios se reportaron ataques con piedras y dinamita, daños a minibuses, saqueos a comercios y enfrentamientos con efectivos policiales.

Asimismo, periodistas que realizaban cobertura denunciaron agresiones y, según el reporte oficial, una trabajadora de prensa sufrió un desmayo en medio de los enfrentamientos.

En El Alto también se registraron incidentes violentos. Manifestantes apedrearon instalaciones de la Central Obrera Regional (COR) y, de acuerdo con la denuncia gubernamental, algunos grupos desmontaron estructuras metálicas y calaminas para utilizarlas como escudos y barricadas frente a la Policía.

Gálvez sostuvo que detrás de las protestas existiría una intención de “romper el orden constitucional” y aseguró que el Gobierno actuará con firmeza contra quienes porten armas, explosivos o participen en hechos vandálicos.

“Todo aquel que sea portador de armas, dinamita o cualquier elemento para causar daño será aprehendido y puesto ante las autoridades competentes”, afirmó la autoridad.