El Gobierno anunció que cumplirá con la suspensión provisional de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, tras recibir la notificación oficial del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que evaluará su constitucionalidad. La disposición había generado rechazo entre sectores productivos debido a su enfoque en el control y decomiso de productos que presuntamente busquen alterar precios.

El ministro de Justicia, César Siles, informó que la suspensión obedece a un auto constitucional emitido ante una acción de inconstitucionalidad abstracta. Aseguró que no habrá reglamentación ni aplicación de la medida mientras se espera el fallo definitivo del TCP, que podría emitirse en aproximadamente dos meses.

El conflicto había movilizado a diversos sectores —entre ellos agropecuarios, transportistas y gremiales— que exigían la derogación de la disposición, al considerarla una amenaza a la seguridad jurídica y a la actividad privada.

Siles enfatizó que el Ejecutivo está dispuesto a dialogar con las organizaciones movilizadas, pero sobre otros temas, ya que la disposición séptima queda en suspenso. Además, pidió celeridad al TCP para emitir su resolución final y aclarar el futuro de la normativa.

El Gobierno reafirmó que respetará las determinaciones del Tribunal, destacando que el auto es vinculante y, por tanto, cualquier acción administrativa o legal relacionada con la disposición queda paralizada hasta nuevo aviso.

Descripción corta para redes sociales: Gobierno anuncia que acatará la suspensión de la disposición séptima del PGE 2025 mientras el TCP analiza su constitucionalidad. Sectors productivos exigen su derogación.