El prolongado conflicto social que azota al país ha comenzado a pasar una factura crítica al mercado laboral y al sector productivo nacional. Al cumplirse 46 días de bloqueos consecutivos en las principales carreteras, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, lanzó una dura alerta al revelar que varias empresas del país se han visto obligadas a otorgar vacaciones forzadas a sus trabajadores como un mecanismo de emergencia para evitar despidos masivos ante la parálisis operativa.

De acuerdo con el análisis técnico presentado por el ejecutivo, las medidas de presión extremas han provocado un daño económico acumulado que ya supera los 2.500 millones de dólares. Este impacto devastador golpea de forma directa a los diversos sectores productivos y ha reducido a niveles mínimos la actividad comercial en las distintas regiones de Bolivia, dejando a las industrias sin materias primas y sin la posibilidad de distribuir sus productos terminados.

Rodríguez enfatizó que, más allá de las pérdidas financieras inmediatas, los bloqueos recurrentes están deteriorando severamente la imagen internacional de Bolivia frente a los inversionistas y los mercados globales. Esta situación pone en riesgo la llegada de nuevos capitales extranjeros y limita drásticamente las oportunidades de crecimiento económico en el mediano y largo plazo. Asimismo, lamentó el profundo daño humano derivado de la vulneración sistemática de derechos fundamentales, como la libre circulación y el libre tránsito de bienes y servicios.

Finalmente, desde el IBCE se advirtió sobre el peligro inminente de perder mercados de exportación clave debido al incumplimiento forzado de los contratos internacionales y a los severos retrasos en la entrega de mercancías en las fronteras. Esta falta de regularidad, advirtió Rodríguez, destruye la credibilidad del aparato productivo nacional y arriesga la posición de Bolivia como un proveedor confiable en el exigente circuito del comercio mundial.