El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) reclamó que las regalías por la explotación del litio en el Salar de Uyuni se incrementen a un rango de entre 10% y 20%, muy por encima del actual 3% fijado por la ley minera, que tras descuentos deja a Potosí alrededor del 1% del valor exportado.

“Es una burla. Con el litio pasa lo mismo que con otros minerales, nos dejan migajas. Queremos un trato como en los hidrocarburos, con un 11% de regalías, y en el caso del litio, planteamos entre 10% y 20% para que Potosí reciba lo que le corresponde”, declaró el presidente de Comcipo, Alberto Pérez, en entrevista.

El dirigente insistió en que “no es justo que no podamos decidir sobre nuestro propio recurso” y cuestionó que el litio tenga el mismo tratamiento fiscal que el oro, la plata o el zinc, “cuando no es lo mismo y su valor internacional es mucho mayor”.

Pérez denunció que la aprobación en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados de los contratos con la rusa Uranium One Group y la china CBC se realizó de forma “irregular, ilegal y mañosa”. Según recordó, “existía una resolución de esa comisión que disponía sesionar en Potosí para tratar el caso, pero lo hicieron a espaldas del pueblo potosino”.

También alertó sobre el impacto ambiental e hídrico del proyecto: “Se va a necesitar cualquier cantidad de agua para la extracción de carbonato de litio. Hay 51 comunidades que dependen de ese recurso y no se les ha consultado. ¿Qué va a pasar con la quinoa, con las llamas, con las vicuñas? El tema ambiental ni siquiera está bien establecido en los contratos”.

El líder cívico reiteró que antes de cualquier explotación debe aprobarse una ley específica para el litio: “La ley de litio consensuada entre Oruro y Potosí lleva dos años y medio durmiendo en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Queremos regalías justas, protección ambiental y seguridad jurídica para todos”.

Comcipo convocó a un consejo consultivo de emergencia ayer en la sede cívica de Potosí para definir medidas contra la aprobación de los contratos. “No vamos a permitir que se regale el único recurso que nos queda. El litio debe beneficiar primero a los potosinos y después a toda Bolivia”, enfatizó Pérez.

Interés gubernamental En medio de un ambiente crispado y con serios cuestionamientos sobre transparencia, la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados aprobó la noche del miércoles —por voto secreto— el contrato firmado entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group para industrializar el litio en el salar de Uyuni. La decisión fue remitida al pleno para su tratamiento, pese a las advertencias de sectores cívicos y denuncias de irregularidades.

El contrato pasó la votación “en grande” con nueve votos a favor, dos en contra y cuatro nulos; en “detalle” se repitió la tendencia: ocho a favor, tres en contra y cuatro nulos. La sesión, que debía realizarse en sala cerrada, se trasladó al hemiciclo por los incidentes registrados en la mañana, cuando legisladores opositores intentaron frenar el análisis del documento.

En la sesión participaron todos los miembros titulares y adscritos, entre ellos los legisladores de CC Miguel Roca y Marina Morales. En paralelo, el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez, y el presidente interino de YLB, Pablo Nina, defendieron el contrato, que prevé una inversión de $us 975 millones para instalar una planta industrial con capacidad final de 14.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

La planta se ubicará cerca del complejo Llipi (Potosí) de YLB y abarcará 20.703 hectáreas del salar, equivalente al 0,3% de su superficie.