El senador oficialista Wilder Veliz, perteneciente a la bancada de PDC, ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la cancelación de la segunda vuelta electoral para la Gobernación de La Paz. El legislador busca la adopción de una medida cautelar, argumentando que se han vulnerado los derechos políticos, tanto individuales como colectivos, de los ciudadanos paceños al impedirse la realización de los comicios.

La controversia se originó cuando la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aceptó la declinatoria de la organización política Nueva Generación Patriótica (NGP). Basándose en el artículo 64 de la Ley de Régimen Electoral, el TSE determinó que la renuncia de NGP a participar en el balotaje dejaba sin efecto la votación, procediendo así a la proclamación directa de Luis Revilla, quien obtuvo la mayoría de votos en la primera vuelta.

Para el senador Veliz, esta decisión administrativa priva a más de dos millones de electores de su derecho fundamental a elegir libremente a su autoridad departamental. "No se trata de un hecho menor: estamos hablando de más de 2 millones de votantes cuyos derechos están siendo desconocidos", enfatizó el legislador a través de sus redes sociales, señalando que la medida atenta contra la voluntad soberana y la institucionalidad democrática del país.

Por su parte, el Órgano Electoral ha defendido su resolución manifestando que el marco legal vigente faculta a las agrupaciones políticas a declinar su participación mediante una solicitud formal. Según el TSE, de no haber aceptado la declinatoria de NGP, los vocales habrían incurrido en responsabilidades legales, tales como el incumplimiento de deberes o la emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Ante este escenario, la defensa de los derechos políticos se traslada ahora al ámbito internacional.