El vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, ha anunciado una serie de medidas en respuesta a la sentencia constitucional que anula varios artículos de la Ley Departamental 98, un paso que ha generado un amplio debate sobre la autonomía regional y la gestión de recursos naturales en Bolivia.

La sentencia, que anula más de 20 artículos de los 75 contenidos en la ley, ha desconcertado a muchos debido a su inusual enfoque, ya que en lugar de declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, opta por la anulación selectiva de sus artículos.

El cuarto punto de la sentencia también ha provocado discusiones significativas, ya que insta a la construcción de una nueva ley nacional que defina qué se considera un recurso natural en Bolivia. Este aspecto de la sentencia ha abierto un debate sobre la administración de recursos naturales tanto a nivel regional como nacional.

Un tema clave que ha surgido en el centro del debate es el rol de las Unidades de Cuidado del Patrimonio Natural (UCPN) en Santa Cruz, que prestan servicios medioambientales esenciales, incluido el suministro de agua, un recurso vital para la vida.

El gobierno de Santa Cruz está tomando medidas a nivel departamental y nacional. En el ámbito departamental, se está trabajando en un proyecto de ley destinado a enmendar la Constitución Política del Estado y el estatuto departamental para restablecer las competencias que se han perdido debido a la sentencia 0076.

A nivel nacional, se está planificando una cumbre que abordará cuestiones relativas a la autonomía, la administración del territorio autónomo de los departamentos y la gestión de recursos naturales en todo el país. El objetivo central de esta cumbre será el desarrollo de un proyecto de ley nacional que restablezca las competencias perdidas y profundice la autonomía en asuntos de patrimonio natural y administración del territorio.