El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, aseguró este martes que la justicia deberá determinar a los responsables del desabastecimiento de combustibles en Bolivia y presentó dos iniciativas normativas para agilizar la distribución de carburantes.

“Hay un responsable de esto y tendrá que ser la justicia quien determine las responsabilidades, pero alguien va a tener que responder por el desabastecimiento”, afirmó Cochamanidis.

Un equipo del Comité Cívico llegó a La Paz para entregar un proyecto de ley y un decreto supremo destinados a garantizar que el combustible llegue a los surtidores sin depender exclusivamente de la burocracia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Ambos proyectos no eximen a la estatal de su responsabilidad constitucional, sino que permiten que otras empresas puedan intervenir en la distribución en caso de que YPFB no cubra la demanda.

El cívico señaló que el plazo de vigencia de la ley sería de 90 días, tiempo suficiente para atender la crisis y dar margen al próximo gobierno para tomar decisiones. Cochamanidis también indicó que existe predisposición del Senado y la Cámara de Diputados para avanzar con la norma, aunque destacó que deben cumplirse los procesos legislativos establecidos.

La senadora Centa Rek, que patrocinó el ingreso de la ley a la Cámara Alta, explicó que primero se dará a conocer el documento a los legisladores y luego se podría solicitar la dispensación de trámite para su aprobación más rápida.

La medida busca responder a las largas filas por combustible que se registraron en todo el país en los últimos días, consecuencia de las dificultades de YPFB para garantizar el abastecimiento por falta de dólares.