El panorama económico y político de Bolivia atraviesa un momento determinante tras la presentación de los lineamientos del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que el proyecto, que será enviado próximamente al Legislativo, contempla un déficit fiscal del 9% respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Pese a este margen, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz apuesta por una inversión social superior a los Bs 5.000 millones, recursos que pretenden obtenerse mediante una política de austeridad y el recorte de gastos en el nivel central.

De acuerdo con la autoridad, el Ejecutivo ya ha implementado una reducción del gasto corriente de más de Bs 4 millones, un esfuerzo que representa el 1% de la reducción del déficit. En cuanto a las metas macroeconómicas, se calcula una inflación del 14% y un decrecimiento económico proyectado "algo menor al 1%". Estas cifras contrastan con los datos oficiales de la gestión 2025 revelados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirmaron una contracción de la economía del 1,58%, cifra lejana al crecimiento del 3,5% que había proyectado la administración anterior.

Reacciones políticas y crisis de suministros Las proyecciones han generado críticas inmediatas. El empresario y político Samuel Doria Medina cuestionó la viabilidad del presupuesto, asegurando que un déficit del 9% impide el acceso a fondos de estabilización internacionales. Advirtió que su alianza en la Asamblea Legislativa buscará modificaciones para responder a la crisis.

Paralelamente, otros frentes de conflicto marcan la agenda nacional:

Hidrocarburos: El ministro Mauricio Medinaceli deslindó responsabilidades sobre la escasez de diésel, delegando la tarea a YPFB, mientras la estatal petrolera reportó el desembolso de Bs 14,6 millones en compensaciones para 7.161 vehículos dañados por el uso de gasolina desestabilizada.

Conflictos sociales: El Ministerio de Educación dio marcha atrás en la revisión del Bachillerato Técnico Humanístico (BTH) tras fuertes protestas. Por otro lado, el sector minero anunció que se sumará al cabildo nacional del 1 de mayo y a la marcha indígena contra la Ley 1720.

Temas judiciales: En Santa Cruz, un capitán policial recibió detención domiciliaria por el caso "Maletas", vinculado al arribo de equipaje no reportado en un jet privado, mientras que el TSJ respaldó la postura del alcalde cruceño de no entregar predios del mercado Mutualista basándose en supuestos vicios procesales.