El Tribunal Agroambiental de Bolivia ordenó la ejecución de medidas cautelares de oficio para frenar los incendios forestales que han afectado 4,4 millones de hectáreas en el país. La resolución entrará en vigencia a partir del lunes 8 de septiembre, en medio de una audiencia pública suspendida temporalmente por incidentes y recursos legales presentados por diversas entidades.

El presidente del Tribunal, Cristian Méndez, señaló que la medida se ampara en el artículo 315 del Código Procesal Civil, que permite dictar medidas ambientales sin audiencia previa cuando existe peligro inminente. Méndez destacó la gravedad de la catástrofe ecológica y la necesidad de actuar de manera inmediata para proteger los recursos naturales del país.

La decisión se fundamenta también en el Acuerdo de Escazú, tratado regional que faculta a los Estados a adoptar medidas precautorias frente a daños ambientales graves. Esto refuerza la legalidad y urgencia de la intervención, garantizando mecanismos de protección ecológica ante la emergencia.

A pesar de la suspensión temporal de la audiencia, las medidas cautelares comenzarán a ejecutarse de manera inmediata, priorizando la mitigación de los incendios y la protección de ecosistemas afectados en distintas regiones de Bolivia.

Diversas entidades, como la Procuraduría General del Estado, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), presentaron recursos y objeciones, generando una situación legal compleja que será resuelta en las próximas semanas, mientras se mantiene la acción preventiva en el terreno.