El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, lanzó un llamado urgente al Estado boliviano para que aborde de manera eficaz los altos índices de detención preventiva entre jóvenes y el severo hacinamiento en los centros penitenciarios. La exhortación se basa en un diagnóstico nacional que revela la preocupante situación de miles de jóvenes privados de libertad, cuyos derechos se ven vulnerados.

El análisis de la Defensoría del Pueblo, titulado "Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad", reveló que, hasta diciembre de 2024, más de 32,000 personas se encontraban en estas condiciones. De ellas, 9,520 eran jóvenes de entre 18 y 28 años, lo que representa una porción significativa de la población carcelaria. El informe destacó que el 58.7% de estos jóvenes se encontraba en detención preventiva, evidenciando un uso desproporcionado de esta medida cautelar.

El estudio también identificó tres debilidades críticas en el sistema penitenciario: el uso excesivo de la detención preventiva, un hacinamiento que supera el 105% y las severas limitaciones en el acceso a la educación y al trabajo para esta población. Callisaya exhortó a las autoridades del Órgano Judicial y del Régimen Penitenciario a reflexionar sobre estas falencias y a potenciar programas de reinserción social que incluyan formación técnica y espacios de rehabilitación.

Testimonios recabados en diferentes centros penitenciarios del país corroboraron el diagnóstico. Un joven de 27 años en Tarija, por ejemplo, afirmó que no reciben atención médica adecuada, mientras que una interna en Cochabamba lamentó la falta de espacio y recursos para trabajar. Estas experiencias reflejan el grave riesgo de reincidencia si no se implementan políticas efectivas que permitan a los jóvenes rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad.

La investigación de la Defensoría del Pueblo, llevada a cabo como parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se basó en visitas a 17 centros penitenciarios en los nueve departamentos del país. El informe, que incluye encuestas, entrevistas y una revisión de la infraestructura, insta a las autoridades a tomar medidas inmediatas para transformar los recintos carcelarios en verdaderos centros de rehabilitación, protegiendo así los derechos humanos de la población joven.