El Poder Ejecutivo remitió este miércoles al Congreso el veto a la ley de financiamiento universitario, que buscaba actualizar automáticamente por inflación los gastos de funcionamiento de las casas de estudio y reabrir las paritarias del sector. La oposición analiza si intentará rechazar el veto en una sesión especial prevista para el próximo miércoles.

La iniciativa había sido aprobada a principios de agosto en la Cámara de Diputados con 158 votos a favor, cifra insuficiente para alcanzar los dos tercios requeridos para impedir el veto presidencial. En esa misma sesión, también se aprobaron la declaración de emergencia en pediatría y la distribución automática de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, vetos que aún no fueron remitidos al Congreso y cuyo plazo vence este jueves.

La ley, impulsada originalmente por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre junto con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), establecía que los gastos de funcionamiento de universidades, hospitales universitarios y partidas de investigación se actualizaran por inflación. Además, ordenaba convocar paritarias dentro de tres meses para recomponer los salarios docentes y no docentes, así como aumentar becas, entre otros puntos.

El Gobierno justificó su veto alegando que la ley implicaría un gasto fiscal excesivo, estimado en más de un billón de pesos para 2025, poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica y el superávit fiscal. Según la Casa Rosada, las fuentes de financiamiento propuestas en el proyecto —como mayores ingresos por recaudación y reasignación de partidas— son “genéricas” y no garantizan la suficiencia de recursos.

Asimismo, advirtió que la ejecución de la norma “sin respaldo real” podría requerir emisión monetaria, lo que aumentaría la inflación y afectaría principalmente a los sectores más vulnerables de la población.

La oposición deberá reunir los dos tercios del Congreso si quiere revertir el veto y avanzar con el proyecto original. La situación mantiene en alerta al sector universitario, que reclama la actualización de recursos y la recomposición salarial.

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