El gobierno británico, bajo el liderazgo de Keir Starmer, analiza propuestas para modernizar su sistema penitenciario mediante el uso de tecnología avanzada, incluyendo chips subcutáneos con inteligencia artificial capaces de rastrear y anticipar conductas delictivas.

En una reciente reunión con gigantes tecnológicos como Google, Amazon y Microsoft, la ministra de Justicia, Shabana Mahmood, presentó estas ideas como posibles soluciones para aliviar la crisis carcelaria del país, mejorar el seguimiento de exreclusos y fomentar su reinserción.

Sin embargo, las propuestas han generado fuerte preocupación entre defensores de los derechos civiles. Organizaciones como Foxglove y Liberty advierten sobre posibles violaciones a la privacidad, sesgos algorítmicos y un uso desproporcionado de vigilancia sobre poblaciones vulnerables.

También se ha criticado la participación de empresas privadas del sector penitenciario en estas conversaciones, sin mayor transparencia pública sobre sus roles o propuestas concretas.

Aunque el plan aún se encuentra en fase de estudio, el Reino Unido se perfila como uno de los primeros países en considerar abiertamente el uso de tecnologías invasivas en la justicia penal.

El gobierno asegura que “todo está en discusión”, pero la presión por una deliberación pública y basada en evidencia crece, mientras expertos piden cautela frente a una posible “privatización digital” del sistema judicial.