La investigación, conocida como “Abin paralela”, implica al exmandatario, a uno de sus hijos y a más de 30 exfuncionarios del Gobierno brasileño.

La Policía Federal de Brasil concluyó este martes una investigación que sacude nuevamente al entorno del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022). El informe, ya remitido a la Corte Suprema, sostiene que el exmandatario y al menos 30 miembros de su Gobierno habrían utilizado ilegalmente la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) para espiar a figuras públicas, periodistas, jueces y opositores políticos.

La investigación, denominada “Abin paralela”, reveló que se conformó una organización criminal dentro del Estado, compuesta por policías y funcionarios de inteligencia, que ejecutaba espionaje ilegal mediante la invasión de celulares y computadoras. De acuerdo con medios locales como G1 y la agencia EFE, Bolsonaro estaba al tanto del esquema y se habría beneficiado directamente.

Entre los acusados figura Carlos Bolsonaro, concejal de Río de Janeiro e hijo del exjefe de Estado. Fuentes aseguran que Carlos manejaba la información recopilada para atacar públicamente a las personas espiadas.

Las prácticas también habrían traspasado fronteras. En marzo, el medio UOL reveló que la Abin fue utilizada para invadir sistemas del Gobierno de Paraguay, accediendo a datos sensibles relacionados con la hidroeléctrica binacional Itaipú.

El actual Gobierno de Brasil admitió que la operación existió, pero aseguró que fue desactivada en marzo de 2023, apenas tres meses después de que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia. La nueva administración responsabilizó completamente a Bolsonaro y su equipo por los hechos.

Además de este escándalo, Bolsonaro enfrenta otro juicio en la Corte Suprema por haber presuntamente liderado una trama para desconocer los resultados de las elecciones de 2022, con el fin de mantenerse en el poder. La Fiscalía lo acusa de intentar instaurar un estado de sitio y bloquear la investidura de Lula.

De confirmarse las acusaciones, Bolsonaro y su círculo podrían enfrentar penas que oscilan entre 12 y 40 años de prisión.