La seguridad jurídica se ha convertido en uno de los principales desafíos que deberá afrontar el próximo Gobierno boliviano para reactivar la economía y atraer inversión extranjera. Ernesto Rossell Arteaga, experto en Derecho de las Inversiones y exsubprocurador del Estado, explicó que es necesario revisar leyes y normativas que actualmente limitan la participación internacional, sin perder la soberanía nacional.

Rossell indicó que el país debe emprender una “reingeniería jurídica” con apoyo de tecnología, talento joven y planificación. Considera fundamental modificar leyes de arbitraje e inversión, así como ajustar aspectos de la Constitución Política del Estado, para ofrecer mayor estabilidad y previsibilidad a los inversionistas.

Coincidiendo con esta visión, el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Luis Fernando Romero, sostuvo que la modernización legal debe ir acompañada de medidas para estabilizar la economía y mejorar las exportaciones. Advirtió sobre el riesgo de politizar el acceso a créditos externos y la necesidad de reglas claras para recuperar la confianza del mercado.

Este enfoque ha sido recogido por varios candidatos presidenciales en campaña. Samuel Doria Medina (Unidad), Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre), Manfred Reyes Villa (APB-Súmate) y Rodrigo Paz Pereira (PDC) han incluido en sus planes de gobierno propuestas centradas en recuperar el Estado de derecho, garantizar seguridad jurídica y fomentar un clima favorable a la inversión y la producción.

Todos coinciden en que sin seguridad jurídica no habrá crecimiento sostenible. La huida de más de 1.000 empresas a Paraguay —según denunció Paz Pereira— refleja las consecuencias de la incertidumbre legal que afecta actualmente al país. La transformación legislativa, la independencia del Banco Central y una economía “sincera” son algunos de los pilares propuestos para lograr estabilidad y desarrollo.