El lunes 28 de julio, el sector salud de Santa Cruz dio inicio a un paro de cinco días, tras una huelga de 72 horas apenas una semana antes, exigiendo el pago inmediato del bono viático de vacunación 2025, un derecho anual que quedó pendiente.

La demanda principal gira en torno al bono otorgado a todo el personal que participa en campañas de inmunización, cuyas autoridades cruceñas postergaron por falta de recursos. Según reconocer la Gobernación, se necesitan aproximadamente 27 millones de bolivianos para cubrirlo en los tres niveles de atención; sin embargo, los ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) se redujeron en 30 % en el primer semestre, limitando la liquidez disponible .

Los dirigentes sindicales rechazaron la solicitud de espera (de 35 a 45 días) y afirmaron que, si no se concreta el pago esta semana, iniciarán otro paro movilizado de cinco días desde el próximo lunes hasta el viernes.

Mientras tanto la atención médica está limitada solo a emergencias, mientras suspende completamente las consultas externas y cirugías programadas, afectando a pacientes en hospitales urbanos y del interior departamental ([El Deber][1]). Figuras como la madre de Karen Ureña, que aguardaba atención de traumatología con urgencia, tuvieron sus citas reprogramadas para agosto debido a la falta de fichas y atención médica .

El pliego de peticiones incluye, además del bono, cobertura de la deuda con el Banco de Sangre, asignación de ítems y contratos municipales, obras de infraestructura, suministro de insumos y pago puntual de sueldos al personal contratado. La población reclama soluciones y propone que los trabajadores mantengan las protestas pero sin suspender la atención completa. Por su parte, las autoridades defienden que el bono no desaparece y se encuentra en trámite de liberación presupuestaria.