El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), a través de su directora de Asuntos Jurídicos, Amparo Morales, informó este lunes la suspensión inmediata del sistema de parqueos tarifados. Esta decisión se tomó en cumplimiento estricto de una resolución emitida por la Sala Constitucional Cuarta, la cual rechazó una solicitud de aclaración y complementación presentada por la entidad municipal el pasado viernes. La Alcaldía ha notificado formalmente a la Sala sobre el acatamiento total de la sentencia.

Amparo Morales explicó que, pese a acatar la suspensión temporal, la Alcaldía se encuentra ya evaluando nuevamente las propuestas de empresas interesadas en operar el servicio de parqueo. Este proceso se realizará bajo el nuevo reglamento municipal promulgado por el alcalde Iván Arias el 30 de octubre. Dicha normativa se enmarca en la Ley Municipal 15 de Transporte y Tránsito Urbano, que es una ley vigente.

La directora jurídica precisó que tanto las empresas que ya operaban el servicio como nuevas interesadas podrán postularse, y la asignación final dependerá del cumplimiento cabal de todos los requisitos. Debido al acatamiento de la sentencia, la aplicación digital utilizada para el pago del servicio de parqueo tarifado se encuentra temporalmente fuera de funcionamiento. Este software permanecerá deshabilitado hasta que se concluya el proceso de adecuación normativa.

El alcalde Iván Arias respaldó el proceso de adecuación normativa, explicando que el fallo constitucional exige que el sistema de parqueo se sustente en una ley vigente. Aunque la Alcaldía considera que sus ordenanzas anteriores eran legales, el burgomaestre afirmó: "El parqueo tarifado será una realidad pese a quienes no quieren que La Paz progrese". Aseguró que una vez concluida la adecuación normativa, el servicio se restablecerá rápidamente.

La sentencia constitucional, que se basa en la necesidad de contar con "normativa específica en el marco de una ley vigente", observó la referencia a la derogada Ley 2028 de Municipalidades. Sin embargo, la Alcaldía sostiene que la adecuación bajo la Ley 15 de Transporte y Tránsito garantiza el sustento legal. La suspensión es temporal y busca dar paso a nuevas autorizaciones conformes a los requisitos judiciales.