El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, promulgó una controvertida ley que otorga al fiscal general el control directo sobre la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP), lo que ha generado una ola de protestas en distintas ciudades del país. Críticos de la norma advierten que esta medida compromete la independencia de las instituciones clave en la lucha contra la corrupción.

La reacción ciudadana no se hizo esperar: cientos de personas salieron a las calles de Kyiv, Lviv, Dnipro y Odesa, en la mayor movilización antigubernamental desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022. Pancartas como “Elegimos Europa, no autocracia” o “Mi padre no murió por esto” reflejaron el malestar popular.

Zelensky defendió la ley en un discurso, asegurando que busca liberar a las agencias del supuesto "influjo ruso" y cuestionó su eficacia en casos de alto impacto. Sin embargo, analistas temen que el fiscal general, ahora con más poder, pueda cerrar o manipular investigaciones sensibles.

La medida ha encendido alarmas también en el ámbito internacional, justo cuando Ucrania busca avanzar en su proceso de adhesión a la Unión Europea, que exige esfuerzos genuinos en materia de transparencia y Estado de derecho.